Se demanda la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica que desarrolla el régimen especial de administración y gobierno en la provincia de Galápagos. La demanda enfatiza el régimen de residencia aplicable en dicha provincia, que establece varias limitaciones a derechos constitucionales relativos a migración y libre tránsito. La Corte estableció que el régimen especial aplicable por disposición constitucional en Galápagos sí prevé limitaciones a ciertos derechos constitucionales, por razones de conservación; y, en particular, porque el archipiélago fue declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En tal virtud, la Corte negó la demanda de inconstitucionalidad, al determinar que la ley no vulnera derechos constitucionales relativos a migración.

La Corte ratificó el criterio del Tribunal Constitucional relativo a la procedencia de limitaciones constitucionales en razón de la protección del ecosistema, señalando que tal criterio debe mantenerse en virtud del reconocimiento de derechos a la naturaleza, cuya promoción y garantía le corresponde al Estado.