{"id":2687,"date":"2021-04-30T18:52:04","date_gmt":"2021-04-30T23:52:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/?p=2687"},"modified":"2022-06-24T12:28:00","modified_gmt":"2022-06-24T17:28:00","slug":"san-rafael","status":"publish","type":"casos","link":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/casos\/san-rafael\/","title":{"rendered":"Derrame de petr\u00f3leo en San Rafael"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
CASO DERRAME DE PETR\u00d3LEO EN SAN RAFAEL<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
No. PROCESO\/ No. SENTENCIA<\/strong><\/td>\nJuicio No. 22281-2020-00201<\/td>\n<\/tr>\n
A\u00d1O<\/strong><\/td>\n2020-2021<\/td>\n<\/tr>\n
PROVINCIA (S)<\/strong><\/td>\nOrellana, Napo y Sucumb\u00edos<\/td>\n<\/tr>\n
CORTE\/UNIDAD JUDICIAL\/UNIDAD ADMINISTRATIVA<\/strong><\/td>\n\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1era instancia: Unidad Judicial Multicompetente penal con sede el cat\u00f3n Francisco de Orellana, Provincia de Orellana<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2da instancia: Corte Provincial de Orellana<\/td>\n<\/tr>\n

TEMA<\/strong><\/td>\nderrame de petr\u00f3leo<\/td>\n<\/tr>\n
TIPO DE PROCESO<\/strong><\/td>\nacci\u00f3n de protecci\u00f3n, medidas cautelares conjuntas<\/td>\n<\/tr>\n
LEGITIMACI\u00d3N ACTIVA\/ ACCIONANTES<\/strong><\/td>\nSociedad Civil<\/td>\n<\/tr>\n
LEGITIMACI\u00d3N PASIVA\/ ACCIONADOS (AS)<\/strong><\/td>\nEmpresa P\u00fablica de Hidrocarburos del Ecuador-EP PETROECUADOR; MINISTERIO DE ENERG\u00cdA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, MINISTERIO DEL AMBIENTE; MINISTERIO DE SALUD P\u00daBLICA; COMPA\u00d1\u00cdA OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n

HECHOS<\/strong><\/td>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El 02 de febrero de 2020 la cascada San Rafael, ubicada en el r\u00edo Coca, entre las provincias de Napo y Sucumb\u00edos; colaps\u00f3 provocando que sus aguas retrocedan 1,5 km r\u00edo arriba, desde su posici\u00f3n original. El hundimiento del lecho del r\u00edo, provoc\u00f3 que el 07 de abril de 2020, los oleoductos OCP y SOTE sufrieran una ruptura en las inmediaciones de la Cascada de San Rafael, en el sector Quijos; entre las provincias de Orellana y Sucumb\u00edos.\u00a0 La ruptura caus\u00f3 el derrame de aproximadamente quince mil barriles entre crudo y gasolina base, afectando a las riberas de los r\u00edos Coca y Napo, y a 109 comunidades ancestrales de la zona.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La desaparici\u00f3n de la cascada, estar\u00eda asociada a un fen\u00f3meno de erosi\u00f3n regresiva, que se advirti\u00f3 como una posibilidad desde la construcci\u00f3n de la represa Coca Codo Sinclair, cuya captaci\u00f3n de agua se realiza entre 15 y 20 km arriba de donde se encontraba la cascada San Rafael. La Escuela Polit\u00e9cnica Nacional, hab\u00eda advertido sobre el aumento de la erosi\u00f3n, en un 42% en ese tramo, desde la construcci\u00f3n de dicho proyecto.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Frente al derrame de abril de 2020, las comunidades afectadas, en conjunto con varias organizaciones; interpusieron una acci\u00f3n de protecci\u00f3n con medidas cautelares, por la violaci\u00f3n del derecho de la Naturaleza a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneraci\u00f3n de sus ciclos vitales; adem\u00e1s del derecho a su restauraci\u00f3n y a la de todos los colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados (arts. 71 y 72 de la Constituci\u00f3n).<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tanto la acci\u00f3n como las medidas cautelares fueron negadas, considerando que no exist\u00eda violaci\u00f3n de derechos constitucionales y la v\u00eda adecuada para el reclamo de los actos de los accionados pod\u00edan ser presentados en v\u00eda administrativa. La sentencia fue apelada y en segunda instancia la acci\u00f3n fue negada nuevamente, bajo el mismo argumento.<\/p>\n

Respuesta de los accionados:<\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El Ministerio del Ambiente emiti\u00f3 un comunicado expresando su preocupaci\u00f3n, sin embargo advirti\u00f3 que era responsabilidad de el OCP y el SOTE, el analizar la velocidad de la erosi\u00f3n regresiva que se estaba manifestando; y comunic\u00f3 que esperaba que este\u00a0 an\u00e1lisis tambi\u00e9n lo estuviera haciendo Coca Codo Sinclair.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas accionadas manifestaron que el derrame fue un caso de fuerza mayor, por lo que era imposible determinar su responsabilidad con respecto al suceso.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Petroecuador tambi\u00e9n aleg\u00f3 que al momento del derrame se hab\u00eda activado un plan de emergencia y contingencia para atender el evento, que se comunic\u00f3 a la autoridad ambiental. Igualmente afirm\u00f3 que se realizaron los sobrevuelos y las inspecciones necesarias, a fin de determinar y evaluar de una manera inicial la afectaci\u00f3n; sin embargo la ubicaci\u00f3n del derrame y las condiciones clim\u00e1ticas desfavorables, complicaron la ejecuci\u00f3n del plan de contingencia en el punto de afectaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 OCP aleg\u00f3 que se destinaron recursos para atender la emergencia. Se entregaron kits alimenticios y gel antibacterial a las comunidades afectadas, y se otorg\u00f3 atenci\u00f3n m\u00e9dica en diferentes comunidades.<\/td>\n<\/tr>\n

ARGUMENTO PRINCIPAL DE LAS RESOLUCIONES<\/strong><\/td>\n1era instancia (sentencia del 27\/10\/2021): <\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El juez consider\u00f3 que la rotura del oleoducto operado por EP PETROECUADOR y OCP ECUADOR S.A., y el derrame de crudo, fueron hechos de fuerza mayor, es decir un caso fortuito.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ante la atenci\u00f3n oportuna de las empresas petroleras, el juez no evidenci\u00f3 que exista vulneraci\u00f3n de derechos de rango constitucional. Por lo tanto, declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n y las medidas cautelares, de acuerdo a las causales establecidas en el art. 42 de la Ley Org\u00e1nica de Garant\u00edas Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece: \u201c Art. 42.-La acci\u00f3n de protecci\u00f3n no procede: 1.- Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violaci\u00f3n de derechos constitucionales (…) 5.- Cuando la pretensi\u00f3n del accionante sea la declaraci\u00f3n de un derecho. y 4.- Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la v\u00eda judicial, salvo que se demuestre que la v\u00eda no fuere adecuada ni eficaz\u201d.<\/em><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Finalmente afirm\u00f3 que, la acci\u00f3n no era la v\u00eda adecuada para el reclamo y que a su criterio \u201del sistema constitucional es una v\u00eda de excepci\u00f3n m\u00e1s no ordinaria, por ello quien est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de demostrar la vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales es el accionante, ya que la sola afirmaci\u00f3n de que se est\u00e1 produciendo una violaci\u00f3n a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la v\u00eda constitucional\u201d <\/em><\/p>\n

2da \u00a0instancia (sentencia del <\/u>23\/03\/2021)<\/u>:<\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte consider\u00f3 que dado que la ruptura del oleoducto SOTE y poliducto, operados por EP PETROECUADOR y OCP ECUADOR S.A., fue originada por la erosi\u00f3n regresiva que est\u00e1 ocurriendo en el r\u00edo Coca, el desastre por lo tanto; fue producido por la propia Naturaleza.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte determin\u00f3 que siendo las reclamaci\u00f3n de los accionantes: la reparaci\u00f3n del da\u00f1o ambiental, la indemnizaci\u00f3n individual y colectiva de da\u00f1os y perjuicios; adem\u00e1s que se entregue mayor cantidad de agua embazada y agua entubada de calidad, que se dote de pozos de uso familiar y se ejecuten proyecto de dotaci\u00f3n de agua para los centros poblados, que los kits alimenticios entregados sean suficientes y de acuerdo a sus costumbres ancestrales; y una atenci\u00f3n oportuna a todos los grupos poblacionales ubicados en las riberas de los r\u00edos Coca y Napo; los hechos del caso y las pretensiones de los accionantes, coligen en una situaci\u00f3n de da\u00f1o ambiental que no evidencia la vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales. Por lo tanto, la Corte Provincial de Orellana determin\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional de protecci\u00f3n era improcedente, y neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto.<\/td>\n<\/tr>\n

ESTADO DEL CASO<\/strong><\/td>\n\n