{"id":2717,"date":"2021-05-02T12:18:06","date_gmt":"2021-05-02T17:18:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/?p=2717"},"modified":"2022-06-23T17:07:30","modified_gmt":"2022-06-23T22:07:30","slug":"bosque-collay","status":"publish","type":"casos","link":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/casos\/bosque-collay\/","title":{"rendered":"Bosque Collay"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
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CASO BOSQUE COLLAY<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

No. PROCESO\/ No. SENTENCIA<\/strong><\/td>\n01281-2019-00032<\/td>\n<\/tr>\n
A\u00d1O<\/strong><\/td>\n2019<\/td>\n<\/tr>\n
PROVINCIA\/S<\/strong><\/td>\nAzuay\/ Morona Santiago<\/td>\n<\/tr>\n
CORTE\/ UNIDAD JUDICIAL<\/strong><\/td>\n\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1era instancia: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANT\u00d3N GUALACEO<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2da instancia: SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NI\u00d1EZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY<\/td>\n<\/tr>\n

TEMA<\/strong><\/td>\nBosques protectores\/ construcci\u00f3n de carreteras<\/td>\n<\/tr>\n
TIPO DE PROCESO<\/strong><\/td>\nAcci\u00f3n de protecci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
LEGITIMACI\u00d3N ACTIVA\/ ACCIONANTES<\/span><\/b><\/div>\n<\/td>\n
Juan Diego Bustos, Romel Lucero Tacuri, Mar\u00eda Muy Angamarca, Rosa Victoria Angamarca Juca, Manuel Santiago Zhispon, y Walter Augusto Garay Beltr\u00e1n<\/td>\n<\/tr>\n
LEGITIMACI\u00d3N PASIVA\/ ACCIONADOS (AS)<\/strong><\/td>\nMario Bol\u00edvar Saquipay Nivicela y Sonia Beatriz Cevallos \u00c1vila en la calidad de prefecto provincial y Directora de Gesti\u00f3n Ambiental de Gad provincial del Azuay respectivamente; y\u00a0 Antonio Castillo Molina en calidad de persona natural como operador del proyecto Rehabilitaci\u00f3n y Mejoramiento de Autopista, V\u00edas de Primer Orden, Segundo Orden y Tercer Orden, con ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica del proyecto los cantones de Chordeleg y Gualaceo<\/td>\n<\/tr>\n
HECHOS<\/strong><\/td>\n\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El 08 de enero del 2019, se conoci\u00f3 sobre la presencia de maquinaria en el coraz\u00f3n del \u00e1rea de Bosque y Vegetaci\u00f3n Protectora Collay ubicada en la jurisdicci\u00f3n de Gualaceo y Chordeleg; que estaba abriendo una v\u00eda en dicho bosque, causando da\u00f1o a la vegetaci\u00f3n de la zona.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se present\u00f3 una denuncia en el Ministerio del Ambiente, y dicha entidad intent\u00f3 efectuar una inspecci\u00f3n en el sitio el d\u00eda 11 de enero del 2019, sin poder cumplir debido al bloqueo de la v\u00eda de acceso por dirigentes de la parroquia la Uni\u00f3n del Cant\u00f3n Chordeleg y de la parroquia San Juan Bosco del Cant\u00f3n Lim\u00f3n Indanza.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El 15 de enero del 2019, guardias forestales del GAD de Gualaceo, reportan que en el sector de Chaucan existe maquinaria pesada que destruye el bosque y vegetaci\u00f3n para abrir la v\u00eda en el punto km 14.750 en direcci\u00f3n al sector de la Uni\u00f3n del Cant\u00f3n Chordeleg. Ante la denuncia, se re\u00fanen representantes de Gualaceo y Chordeleg, y acuden al lugar el d\u00eda 16 de enero del 2019, y se establece un informe entre: los representantes del Ministerio del Ambiente, Gads de Gualaceo y Chordeleg, la Empresa Municipal del Agua de Gualaceo y loa consejo de Agua de San Francisco y Nallig; constatando que la destrucci\u00f3n es de gran magnitud, que ha afectado monte y vegetaci\u00f3n en el \u00e1rea e incluso la reserva de H\u00eddrica municipal de San Francisco que abastece de agua a la ciudad de Gualaceo. El lugar afectado tiene una extensi\u00f3n de 5.577 metros cuadrados, en donde existe vegetaci\u00f3n nativa.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El informe determina que la persona que se encuentra realizando esta actividad es el ciudadano Antonio Castillo Molina, quien exhibi\u00f3\u0301 al momento de la inspecci\u00f3n, \u00a0un documento consistente en un certificado ambiental N.- 672-GPA-2019-CA-SUIA, emitido por el Gobierno Provincial del Azuay, en donde se establece en el detalle del proyecto, que ha sido emitido a favor de una rehabilitaci\u00f3n y mejoramiento de autopista v\u00edas de primer orden, segundo orden y tercer orden, estableciendo como ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica del proyecto los cantones de Chordeleg y Gualaceo. Adem\u00e1s establece que su acceso puede ser desde Chauc\u00e1n en el Km 14 de la v\u00eda Gualaceo-plan de milagro y por la Uni\u00f3n parroquia Chordeleg.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se interpone una acci\u00f3n de protecci\u00f3n en contra del Sr. Antonio Castillo Molina, como operador del proyecto \u201cRehabilitaci\u00f3n y Mejoramiento de Autopista, V\u00edas de Primer Orden, Segundo Orden y Tercer Orden, con ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica del proyecto los cantones de Chordeleg y Gualaceo\u201d<\/em>; as\u00ed como en contra de la Prefectura Provincial y la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Ambiental de Azuay; por la violaci\u00f3n al derecho humano al agua y de los derechos de la Naturaleza contenidos en los arts. 71, 72 y 73 de la Constituci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n

ARGUMENTO PRINCIPAL DE LA RESOLUCI\u00d3N<\/strong><\/td>\n1era instancia (18\/02\/2019):<\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se determin\u00f3 la responsabilidad del Gobierno Provincial por la violaci\u00f3n a los derechos invocados por los accionantes, debido el otorgamiento del certificado para la ejecuci\u00f3n de la obra, pese a que estaba en suconocimiento: que exist\u00eda un problema ambiental y social en la zona por la apertura de una v\u00eda carrozable de 6 a 7 metros en, donde solo se pod\u00eda establecer una v\u00eda herramienta de 2 metros (situaci\u00f3n que hab\u00eda destruido parte importante del Bosque protector y la vegetaci\u00f3n nativa de la zona); que se hab\u00edan emitido informes por la autoridad ambiental nacional, y los GADs cantonales sobre destrucci\u00f3n del coraz\u00f3n del Bosque; y que no se hab\u00edan realizado los estudios de impacto ambiental de la obra por parte del solicitante del certificado.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Igualmente, el juez considera que este GAD estaba en la obligaci\u00f3n de efectuar inspecci\u00f3n in situ<\/em>, previo al otorgamiento del certificado, conforme a la obligaci\u00f3n constitucional de adoptar medidas de precauci\u00f3n y restricci\u00f3n para la protecci\u00f3n de la Naturaleza. Sin embargo, dicha diligencia fue realizada cuando ya se causaron los da\u00f1os a la Naturaleza, lo que conllev\u00f3 a que se revoque el certificado ambiental; sin que aquello restituya el acto violatorio en desmedro de los derechos constitucionales analizados, pese a que el mismo informe para la revocatoria establece la violaci\u00f3n de los derechos constitucionales de la naturaleza y el derecho al agua.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En virtud del art.41.4 de la LOGJCC que establece: \u201cLa acci\u00f3n de protecci\u00f3n procede contra: …4. Todo acto u omisi\u00f3n de personas naturales o jur\u00eddicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: c) Provoque da\u00f1o grave\u201d, <\/em>se determina que el operador de la obra, tambi\u00e9n es responsable por la violaci\u00f3n al derecho de la Naturaleza a que se \u201crespete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneraci\u00f3n de sus ciclos vitales\u201d, y al derecho al agua. El juez consider\u00f3 que la obra se habia ejecutado sin estudios t\u00e9cnicos y ambientales, y sin las autorizaciones de las entidades requeridas, y se habia causado un da\u00f1o en una superficie de 5.577metros cuadrados dentro del a\u00e9rea bosque y vegetaci\u00f3n protectora Collay, que afect\u00f3 los ciclos hidrol\u00f3gicos del ecosistema del lugar.<\/p>\n

2da instancia (10\/05\/2019):<\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte determin\u00f3 que el \u201ccertificado ambiental\u201d, de acuerdo al art. 23 del TULSMA, no tiene el car\u00e1cter de obligatorio, a los proyectos, obras o actividades de m\u00ednimo impacto y riesgo ambiental, ni tampoco se constituye en el documento que autorice la ejecuci\u00f3n de proyecto. Por lo tanto, es un certificado irrelevante, que si bien se encuentra en el SUIA, no constituye en este caso fuente de responsabilidad constitucional, ni del GAD Provincial del Azuay, ni de sus funcionarios, ni de la autoridad Ambiental Nacional.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En consecuencia, se concluye que, con el certificado ambiental,\u00a0 no le confer\u00eda autorizaci\u00f3n alguna para realizar la construcci\u00f3n de la variante de la v\u00eda, la decisi\u00f3n es imputable al ciudadano Antonio Castillo Molina, sin que se le pueda atribuir responsabilidad a la instituci\u00f3n accionada Gobierno Aut\u00f3nomo Descentralizado de la provincia del Azuay, ya que el certificado ambiental, si nos permiten la redundancia, no es permiso alguno para la intervenci\u00f3n, peor a\u00fan construcci\u00f3n de la v\u00eda.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Igualmente, consider\u00f3 que la defensa del ciudadano ejecutor de la obra, al sostener que la caratula y el mapa que se encuentran en copias simples de un informe del Ministerio de Transportes y Obras P\u00fablicas que data de 1990, donde pretender demostrar que la zona afectada no consta con la categor\u00eda de Bosque Protector; no puede ser considerada como prueba, a\u00fan m\u00e1s cuando la representante del Ministerio de Transporte y Obras P\u00fablicas inform\u00f3 al Tribunal de Alzada, que la vigencia de los estudios son de cinco a\u00f1os y si no son aplicados pierden la utilidad, por lo que esa copia simple de 1990 no puede ser considerada de forma alguna un informe, incluso por su temporalidad.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Finalmente, la Corte rechaza el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el ciudadano Antonio Castillo Molina, y declara la vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales a la naturaleza, contenidos en el art. 71 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica. Sin embargo, acepta el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Prefecto Provincial del Azuay y la Directora de Gesti\u00f3n Ambiental del Gobierno Provincial del Azuay, declarando improcedente la acci\u00f3n de protecci\u00f3n incoada en contra de los funcionarios p\u00fablicos.<\/td>\n<\/tr>\n

ESTADO DEL CASO<\/strong><\/td>\nSe interpuso acci\u00f3n extraordinaria de protecci\u00f3n. La Corte Constitucional admiti\u00f3 el proceso en septiembre de 2020.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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CASO BOSQUE COLLAY\/ PRIMERA INSTANCIA: EXPEDIENTE\/ SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA<\/a><\/p>\n

CASO BOSQUE COLLAY\/ SEGUNDA INSTANCIA: EXPEDIENTE\/ SENTENCIA<\/a><\/p>\n

CASO BOSQUE COLLAY: ADMISI\u00d3N CORTE CONSTITUCIONAL<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n
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CASO BOSQUE COLLAY<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

No. PROCESO\/ No. SENTENCIA<\/strong><\/td>\n01281-2019-00032<\/td>\n<\/tr>\n
A\u00d1O<\/strong><\/td>\n2019<\/td>\n<\/tr>\n
PROVINCIA\/S<\/strong><\/td>\nAzuay\/ Morona Santiago<\/td>\n<\/tr>\n
CORTE\/ UNIDAD JUDICIAL<\/strong><\/td>\n\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1era instancia: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANT\u00d3N GUALACEO<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2da instancia: SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NI\u00d1EZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY<\/td>\n<\/tr>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3698,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":[],"provincia":[100,113],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/casos\/2717"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/casos"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/types\/casos"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/casos\/2717\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4611,"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/casos\/2717\/revisions\/4611"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"provincia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/wp-json\/wp\/v2\/provincia?post=2717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}