{"id":2774,"date":"2021-05-05T20:38:20","date_gmt":"2021-05-06T01:38:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/?p=2774"},"modified":"2022-06-24T12:14:50","modified_gmt":"2022-06-24T17:14:50","slug":"triangulo-de-cuembi","status":"publish","type":"casos","link":"https:\/\/www.derechosdelanaturaleza.org.ec\/casos\/triangulo-de-cuembi\/","title":{"rendered":"Inconstitucionalidad de la declaraci\u00f3n del Tri\u00e1ngulo de Cuemb\u00ed como Bosque Protector"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

\u00a0 CASO INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DECLARACI\u00d3N DEL TRI\u00c1NGULO DE CUEMB\u00cd COMO BOSQUE PROTECTOR<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

No. PROCESO\/ No. SENTENCIA<\/strong><\/td>\nCASO No. 20-12-IN \/ Sentencia No. 20-12-IN\/20<\/td>\n<\/tr>\n
A\u00d1O<\/strong><\/td>\n2010- 2020<\/td>\n<\/tr>\n
PROVINCIA\/S<\/strong><\/td>\nSucumb\u00edos (cant\u00f3n Putumayo, parroquias: El Carmen de Putumayo,
\nPalma Roja y Santa Elena)<\/td>\n<\/tr>\n
CORTE\/UNIDAD JUDICIAL<\/strong><\/td>\nCorte Constitucional del Ecuador<\/td>\n<\/tr>\n
TEMA<\/strong><\/td>\nBosques protectores \/ derechos colectivos de comunidades ind\u00edgenas\/ consulta prelegislativa<\/td>\n<\/tr>\n
TIPO DE PROCESO<\/strong><\/td>\nacci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad<\/td>\n<\/tr>\n
LEGITIMACI\u00d3N ACTIVA\/ ACCIONANTES<\/strong><\/td>\nPaco Gonzalo Chuji Gualinga, en calidad de representante de la Federaci\u00f3n de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumb\u00edos Ecuador (FONAKISE); Jos\u00e9 Everaldo Vera Zambrano, en calidad de presidente de la Comunidad Brisas del Yoy\u00e1; Carlos Salvador Calapucha Vargas, en calidad de presidente del centro ind\u00edgena Kichwa Santa Rosa; Darwin Rub\u00e9n Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, en calidad de procurador s\u00edndico de la comunidad ind\u00edgena Kichwa Sinchi Runa; Gloria Noteno Cuellar, residente de la comunidad ind\u00edgena Kichwa Esp\u00edritu Noteno; y Nicol\u00e1s Shirali Pugachi Villota en calidad de presidente de la organizaci\u00f3n social La Colmena de Santa Elena<\/td>\n<\/tr>\n
ACTO IMPUGNADO <\/strong><\/td>\nAcuerdo No. 080 del Ministerio del Ambiente, expedido el 13 de mayo de 2010 y publicado en el Registro Oficial No. 239 de 20 de julio de 2010<\/td>\n<\/tr>\n
HECHOS<\/strong><\/td>\n\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El presente caso se refiere a la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 1 al 8 del Acuerdo No. 080 del Ministerio del Ambiente, que declaran como Bosque y Vegetaci\u00f3n Protector al \u00e1rea denominada Tri\u00e1ngulo de Cuemb\u00ed, que ocupa aproximadamente ciento cuatro mil doscientas treinta y ocho hect\u00e1reas (104.238 has), de la provincia de Sucumb\u00edos, cant\u00f3n Putumayo, parroquias El Carmen de Putumayo, Palma Roja y Santa Elena.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El Acuerdo implicaba la militarizaci\u00f3n del territorio ocupado ancestralmente por m\u00e1s de 23 comunidades de nacionalidad Kichwa \u00a0y la prohibici\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de tierras a \u201ca posesionarios asentados en el \u00e1rea, por tratarse de zona de seguridad nacional\u201d.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La acci\u00f3n se presenta por la violaci\u00f3n a los derechos constitucionales de las comunidades: la vivienda (Art. 30 de la Constituci\u00f3n), a la alimentaci\u00f3n (Art. 13 de la Constituci\u00f3n), a la identidad cultural (Art. 21 de la Constituci\u00f3n); a los derechos colectivos a las tradiciones ancestrales (Art. 57.1 de la Constituci\u00f3n), a mantener la posesi\u00f3n de sus tierras ancestrales (Art. 57.5 de la Constituci\u00f3n), a conservar sus practicas en el manejo del entorno natural (Art. 57.8 de la Constituci\u00f3n), a la consulta previa de medidas que afecten culturalmente (Art. 57.7 de la Constituci\u00f3n), a ser consultados antes de tomar una medida normativa (Art. 57.17 de la Constituci\u00f3n) y a limitar las actividades militares en sus territorios (Art. 57.20 de la Constituci\u00f3n).<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Acerca del derecho a la identidad cultural (Art. 21 de la Constituci\u00f3n) y los derechos colectivos a las tradiciones ancestrales (Art. 57.1 de la Constituci\u00f3n), los accionantes alegaron que existen pr\u00e1cticas propias de la identidad cultural de las nacionalidades Kichwas de Sucumb\u00edos, como la caza, la pesca, la siembra de chacras, la construcci\u00f3n de sus viviendas, entre otras, que se ven amenazadas por las prohibiciones establecidas por el acuerdo impugnado; pero dichas actividades, desarrolladas como parte de su diario vivir, no han desequilibrado la relaci\u00f3n ser humano-naturaleza ni han derivado en abuso de los recursos naturales existentes en la zona.<\/td>\n<\/tr>\n

ARGUMENTO PRINCIPAL DE LA RESOLUCI\u00d3N<\/strong><\/td>\nAplicaci\u00f3n del principio de proporcionalidad:<\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte Constitucional observa que el fin de las medidas se\u00f1aladas en los art\u00edculos alegados como inconstitucionales, \u00a0en principio, podr\u00eda considerarse legitimo a la luz de la protecci\u00f3n a la biodiversidad y los derechos de la naturaleza reconocidos en los art\u00edculos 71 al 73 de la Constituci\u00f3n. Sin embargo, la Corte considera que estas medidas podr\u00edan tener un impacto negativo en el derecho a la posesi\u00f3n, uso, habitaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n de los territorios ancestrales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas, pues no cabr\u00eda que se los considere como terceros poseedores bajo lo dispuesto por este art\u00edculo. En este aspecto, en funci\u00f3n del principio de proporcionalidad, se determina que el sacrificio del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos que no han sido reconocidos formalmente por el Estado, resulta desmedido frente a las ventajas de conservaci\u00f3n ambiental y protecci\u00f3n de derechos de la Naturaleza, por la falta de reconocimiento, demarcaci\u00f3n, titulaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de sus territorios de forma previa por parte del Estado.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte considera que la disposici\u00f3n que establece el Acuerdo prohibiendo la adjudicaci\u00f3n de tierras a posesionarios asentados en el \u00e1rea, por tratarse de zona de seguridad nacional, no es proporcional frente a la existencia de pueblos y comunidades que hist\u00f3ricamente han ocupado el territorio declarado como protegido, y que requieren de medidas especiales del Estado que reconozcan progresivamente dichos territorios a trav\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n, emisi\u00f3n del t\u00edtulo de propiedad y su debido registro.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte aclara que no desconoce que el acuerdo impugnado podr\u00eda perseguir un fin leg\u00edtimo, como es la salvaguarda del actual Bosque y Vegetaci\u00f3n Protector \u2018Tri\u00e1ngulo de Cuemb\u00ed. No obstante, considerando que la declaraci\u00f3n de dicha \u00e1rea natural podr\u00eda traer consigo el establecimiento de limitaciones en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los pueblos y comunidades que se encuentran en sus territorios y que han utilizado de forma tradicional, el establecimiento de procesos de consulta es imperativo. La Corte considera que si bien la conservaci\u00f3n ambiental y la protecci\u00f3n de los derechos de la naturaleza es un objetivo v\u00e1lido, no puede alcanzarse a costa de la negaci\u00f3n de los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sino en armon\u00eda con tales derechos.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Corte Constitucional reitera la importancia de que las consultas prelegislativas se realicen en estricta observancia de los par\u00e1metros contenidos en las normas internacionales de derechos humanos, en especial las contenidas en el Convenio No. 169 de la OIT \u00a0que establece que: \u201clas consultas […] deber\u00e1n efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuesta\u201d.<\/p>\n

Sobre la autorizaci\u00f3n a la intervenci\u00f3n militar:<\/u><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la Corte considera que es una medida que presenta una excepci\u00f3n a la limitaci\u00f3n constitucional general de realizaci\u00f3n de actividades militares en los territorios de las comunas, y que al ser la norma impugnada, un acuerdo ministerial, ostenta un rango menor al de ley por lo que no puede contener limitaciones de esta naturaleza. Adem\u00e1s, la Corte considera que el Ministerio de Ambiente no puede justificar la intervenci\u00f3n militar se\u00f1alando que el territorio que fue objeto de la declaratoria de bosque protector se encuentra en zona de frontera y que la vigilancia de esta zona es competencia del personal de defensa. En este aspecto la Corte llega a determinar que la finalidad de declarar bosque protector a un territorio en frontera no es la seguridad de la frontera \u2013 como err\u00f3neamente argumenta el Ministerio de Ambiente \u2013 sino la protecci\u00f3n del medio ambiente y los derechos de la naturaleza en una zona que, en el presente caso, es adem\u00e1s fronteriza. Por ende, si bien la vigilancia de la zona de frontera es competencia del Ministerio de Defensa, aquello no significa que el personal de defensa tenga tambi\u00e9n la facultad de la vigilancia del cumplimiento de una norma de car\u00e1cter ambiental, como es la declaratoria de un bosque protector.<\/td>\n<\/tr>\n

ESTADO DEL CASO<\/strong><\/td>\n\n
\n

La sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con 5 votos a favor, 2 votos salvados y, 1 voto en contra; sin contar con la presencia de 1 juez.<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

CASO TRI\u00c1NGULO DE CUEMB\u00cd: SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR<\/a><\/p>\n

ACUERDO MINISTERIAL 080<\/a><\/p>\n

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO 080<\/a><\/p>\n

VOTO JUEZA CORRAL<\/a><\/p>\n

VOTO JUEZ LOZADA<\/a><\/p>\n

VOTO JUEZ SALGADO<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
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\u00a0 CASO INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DECLARACI\u00d3N DEL TRI\u00c1NGULO DE CUEMB\u00cd COMO BOSQUE PROTECTOR<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

No. PROCESO\/ No. SENTENCIA<\/strong><\/td>\nCASO No. 20-12-IN \/ Sentencia No. 20-12-IN\/20<\/td>\n<\/tr>\n
A\u00d1O<\/strong><\/td>\n2010- 2020<\/td>\n<\/tr>\n
PROVINCIA\/S<\/strong><\/td>\nSucumb\u00edos (cant\u00f3n Putumayo, parroquias: El Carmen de Putumayo,
\nPalma Roja y Santa Elena)<\/td>\n<\/tr>\n
CORTE\/UNIDAD JUDICIAL<\/strong><\/td>\nCorte Constitucional del Ecuador<\/td>\n<\/tr>\n
TEMA<\/strong><\/td>\nBosques protectores \/ derechos colectivos de comunidades ind\u00edgenas\/ consulta prelegislativa<\/td>\n<\/tr>\n
TIPO DE PROCESO<\/strong><\/td>\nacci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad<\/td>\n<\/tr>\n
LEGITIMACI\u00d3N ACTIVA\/ ACCIONANTES<\/strong><\/td>\nPaco Gonzalo Chuji Gualinga, en calidad de representante de la Federaci\u00f3n de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumb\u00edos Ecuador (FONAKISE); Jos\u00e9 Everaldo Vera Zambrano, en calidad de presidente de la Comunidad Brisas del Yoy\u00e1; Carlos Salvador Calapucha Vargas, en calidad de presidente del centro ind\u00edgena Kichwa Santa Rosa; Darwin Rub\u00e9n Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, en calidad de procurador s\u00edndico de la comunidad ind\u00edgena Kichwa Sinchi Runa; Gloria Noteno Cuellar, residente de la comunidad ind\u00edgena Kichwa Esp\u00edritu Noteno; y Nicol\u00e1s Shirali Pugachi Villota en calidad de presidente de la organizaci\u00f3n social La Colmena de Santa Elena<\/td>\n<\/tr>\n
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