La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza dos derechos constitucionales a la Naturaleza: a) el respeto integral a su existencia; b) la restauración. Por su parte, la norma suprema establece deberes estatales y ciudadanos, enmarcados en el respeto a la Naturaleza. Y, en cuanto a garantías jurisdiccionales, aplican todas las previstas en el ordenamiento jurídico, destacando la acción de protección, que ha sido efectivamente aplicada. En el ámbito institucional, la Defensoría del Pueblo ha ejercido un papel importante en la garantía de estos nuevos derechos constitucionales.

En esta década, la legislación y la jurisprudencia han aportado los primeros elementos para desarrollar el contenido de los derechos de la Naturaleza, entre los que destacan: a) el papel protagónico de los jueces en la tutela efectiva de estos derechos; y, b) la necesaria articulación de la base biocéntrica de estos derechos con un ordenamiento jurídico de base antropocéntrica. No obstante, quedan muchos aspectos relativos al contenido y ámbito de estos derechos, sobre todo su relación con otros derechos constitucionales, como los derechos ambientales.

Ecuador, al ser pionero en la materia, tiene una gran responsabilidad en la construcción de una teoría de los derechos de la Naturaleza. Se trata de una responsabilidad compartida entre el estado y la sociedad civil, a la que también corresponde su exigibilidad.

De allí que el Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza del Ecuador ponga a disposición una compilación de fuentes; sobre todo, decisiones judiciales expedidas por tribunales de todo el país, que reflejan la importancia de los derechos de la Naturaleza.

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El capítulo séptimo de la Constitución, denominado “Derechos de la Naturaleza”, que se encuentra dentro del Título II designado “Derechos del Buen Vivir”, establece los Derechos de la Naturaleza en la siguiente forma:

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Concordancias:

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (ECUADOR, 2008)