Se trata de una acción de protección relativa a falencias en la realización de consulta previa  en el marco de la licitación del bloque 22, que se superpone a los territorios de varias nacionalidades. Los accionantes, representantes de la nacionalidad Waorani alegaron incumplimiento de estándares nacionales e internacionales, particularmente los relativos a consideraciones interculturales.

La acción de protección fue aceptada por el juez constitucional y en apelación se declaró la vulneración a los derechos constitucionales de autodeterminación y de consulta previa.

La amenaza a los derechos de la naturaleza fue alegada por los accionantes, en las dos instancias.